Opinión
Cambios en las cuantías de los pagos en efectivo: otra vuelta de tuerca
Miguel Ángel Blanes (Axium Consulting)

Recientemente ha saltado a los medios de información la noticia de que se va a modificar, de forma inminente, la normativa que regula la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones realizadas por empresarios, dentro de un paquete de medidas de lucha contra el fraude fiscal que tiene previsto acometer el Gobierno, medidas cuyo objetivo declarado es incrementar los ingresos públicos y reducir el déficit excesivo en el que está situado el Reino de España desde hace ya prácticamente una década. Si bien no conocemos en este momento la redacción exacta del cambio que se pretende, que determinadas fuentes sugieren va a ser más profunda que una mera modificación de las cuantías que limitan este tipo de pagos en efectivo, sí podemos hacer una aproximación a las consecuencias que, en todo caso, va a tener este cambio cuantitativo en el sector del juego.

Recordemos que, actualmente, el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones. En particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

 
En este mismo ámbito, resulta pertinente recordar que la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo entiende que los pagos en efectivo son aquellos que se encuadren en las categorías de papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros; los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda, y cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador (categoría donde se encuadran determinadas tarjetas prepago, en general en sus valores menores). 
 
Si el cambio de limita a ser cuantitativo, esto es, que se modifica exclusivamente el límite para realizar pagos en efectivo, nos situaría a niveles parecidos a algunos países de nuestro entorno. Así, en Italia y Francia este límite está establecido en 1.000 euros; en Grecia, 1.500€; y en Bélgica, 3.000€. Otros países, como Alemania u Holanda, no tienen limitación a los pagos en efectivo (su conciencia fiscal parece que sea más elevada que la nuestra, admitiendo un cierto ejercicio de autocrítica). Y Reino Unido ha establecido limitaciones al uso de determinados valores faciales de billetes para determinadas actividades. En suma, que no hay un tratamiento homogéneo en el espacio UE para enfocar este problema. Es más, algunos países han planteado la supresión total del dinero en metálico; incluso en Dinamarca los comercios y otros negocios ya pueden negarse a aceptar efectivo, y Suecia plantea la supresión del metálico en el horizonte 2020.
 
Este cambio implica, de entrada, que las empresas se verán obligadas a recurrir obligatoriamente a transferencias, cheques, pagarés, o documentos análogos, para realizar pagos o cobros, instrumentos que en todo caso identifiquen indubitablemente al perceptor, aplicando un régimen sancionador que, ahora sí, parece que va a experimentar un cambio también cualitativo, endureciendo el rigor sancionador en el incumplimiento de la norma. De lo que se deriva una primera consecuencia: las empresas deberán afrontar las comisiones que cajas y bancos cobran por el uso de estos medios de pago, algo que al efectuar esos pagos en efectivo se podían ahorrar. No es, precisamente, un estímulo a la actividad empresarial, salvo que en paralelo se regule por el Banco de España un régimen de comisiones atemperado. No apostaría por ello…
 
Aunque puede que no sea todo negativo. Esta nueva restricción puede convertirse en el acicate para que las empresas de juego puedan desarrollar las previsiones que ya figuran en diversas normas reglamentarias autonómicas, relativas a la posible autorización por parte de los órganos competentes en materia de juego de medios de pago en sustitución del dinero de curso legal para utilización exclusiva en los locales de juego, siempre que identifiquen adecuadamente al jugador. Y que pueda servir, adicionalmente, para acreditar las pérdidas en las que incurre en el juego, y de este modo ajustar la tributación personal a los criterios que ya han manifestado los órganos tributarios estatales. Podría convertirse en una oportunidad para minimizar el indudable impacto negativo de la norma en las empresas del juego.
 
Porque, a mi juicio, es incuestionable que el impacto será negativo, en todo caso, respecto de la percepción del jugador, siempre reacio a identificarse (salvo que se le pueda ofrecer la posibilidad de la deducción de las pérdidas, como se dijo antes), aunque no sólo en este punto. Por ejemplo, en los locales de juego donde estos premios se den con mayor frecuencia, esta restricción a la disposición del efectivo afectará directamente a la reinversión de los premios ganados en nuevo juego (insistimos en este punto en la utilización de medios de pago alternativos), dada la dificultad que entraña la conversión instantánea en metálico de los pagos realizados con cheques o talones; y en los bingos y en los casinos, podría suponer una importante reducción del tronco de propinas. Sin olvidar que determinados comportamientos no legalizados, como los bingos populares y similares, se verán potenciados delante del jugador, ante su más que previsible inobservancia de las previsiones normativas. En este aspecto, las Administraciones deberían reforzar las actuaciones que ya están llevando a cabo para desmantelar estas estructuras de competencia desleal, amparadas en un “fin social” que no sostiene el mínimo análisis en términos de legalidad.
 
Por último, procede recordar que la variación en la limitación de la cuantía para realizar pago en efectivo que introduzca la norma no altera, salvo cambio regulatorio expreso, los límites cuantitativos establecidos para la obligación de informar a las Administraciones sobre los pagos de los premios superiores a las cuantías que se hayan establecido. Son obligaciones independientes, que respecto a las normas autonómicas siguen en vigor con los límites y en los términos en ellas establecidos. No supone, por tanto, que los premios superiores a 1.000€ deban de ser objeto de comunicación, sólo que deben de ser utilizados los medios de pago que permitan la identificación del perceptor de estos premios.
 
En todo caso, esta nueva vuelta de tuerca, ahora que parecía que los “brotes verdes” cogían fuerza, no es la mejor noticia para el futuro del juego legal.
 

Anteriores


¿Quo Vadis Gibraltar?

Carlos Lalanda (abogado)

Constancia, sacrificio y visión

Adrián Campos (Grupo Interjuegos)

Los bingos y el delito de contrabando en los programas de compliance

Pedro Guirao (Axium Consulting)

Cambios en las cuantías de los pagos en efectivo: otra vuelta de tuerca

Miguel Ángel Blanes (Axium Consulting)

Live! Resort Madrid: Una oportunidad para el "cambio de chip"

Carlos Lalanda (abogado)

El Día de la Marmota de los operadores de juego de Baleares y las declaraciones responsables

Xisco Grimalt (abogado y secretario técnico de ACOMAM)

Trump y los juegos de azar. Una verdadera incógnita

Carlos Lalanda (abogado)

Sobre la nulidad de las autoinscripciones en el Registro de Prohibidos del Juego

Pedro Guirao (Axium Consulting)

Aclaraciones sobre eSports, Dfs y Virtual Sports

Carlos Lalanda (abogado)

Los problemas de la masa internacional de las apuestas hípicas mutuas en el régimen del juego en España

Carlos Lalanda (abogado)

El aplazamiento de los Presupuestos Generales del Estado: posibles repercusiones tributarias en el ámbito del Juego privado

Miguel Ángel Blanes (Axium Consulting)

Historia del Bingo Electrónico de Sala

Ramón Aznar (director general de Vaprel)

Colombia inicia el camino de la regulación del juego online en Latinoamérica

Ángel Jiménez (Abogado)

El curioso caso de la Comisión Balear del Juego

Bartolomé Borrás (abogado)

El juego: "Atrapado en el tiempo"

Germán Gusano (director de la Fundación Codere)

Casinos menguantes BCN World

Carlos Lalanda (abogado)

Fútbol, juego y patrocinios

Ángel Jiménez (Abogado)

Convenio: convenido y conveniente

Julián Pérez (abogado y directivo de BR)

Reflexiones sobre la máquina B

Alejandro Landaluce (director general de CEJUEGO)

Una fábula

José Luis Merino (secretario general de ASEJU)
Diseño web www.caprisa.net
Sector de Juego @2016