Opinión
El curioso caso de la Comisión Balear del Juego
Bartolomé Borrás (abogado)

"SECTOR DEL JUEGO" se ha hecho eco de la reciente aprobación y publicación del Decreto 43/2016, de 15 de Julio, por el que se modifica la composición de la Comisión Balear del Juego. La modificación radica (se alega en su preámbulo, falta de paridad empresarios-trabajadores), en aumentar el número de vocales de las representaciones sindicales, de uno a cinco.

Esa modificación, aparentemente intrascendente, en realidad convierte a la Comisión Balear del Juego en el primer órgano colegiado de la Administración Pública (art. 22.2 de la Ley 30/92) de los que tengo conocimiento, en el que los vocales de las Administraciones Públicas tienen menor número de votos que los vocales de las “organizaciones representativas de intereses sociales” (siguiendo con el art. 22.2). Me explico: los vocales con derecho a voto de la Comisión Balear del Juego que actúan en representación de distintas Administraciones Públicas son los siguientes: El Presidente (Consejero competente en materia de juego); Vicepresidente (Director General competente en materia de juego); Un representante de la Agencia Tributaria; un representante de la dirección general competente en salud pública; un representante de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares; cuatro representantes de los tres Consejos Insulares (Mallorca, Menorca , Ibiza y Formentera). Total: 9
 
Por su parte, los vocales que no provienen de ninguna Administración Pública son 11: los 5 empresariales, los 5 de las organizaciones sindicales, más el de la asociación que tenga entre sus finalidades, la asistencia y tratamiento de las patologías asociadas a la adicción al juego.
 
Así las cosas, y como quiera que el Decreto de creación de la Comisión Balear del Juego prevé que podrán aprobarse normas de funcionamiento de la misma, y que debe convocarse a petición de un tercio de sus miembros, y que mientras no se aprueban las normas de funcionamiento, su régimen de decisiones se regirá por lo establecido por la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, pueden darse los hipotéticos curiosos supuestos:
 
a).- Desaparición del voto de calidad o dirimente del Presidente (art. 23 Ley 30/92), al ser posible que en determinadas cuestiones (que luego me permito sugerir) la “mayoría privada” se imponga a la “mayoría pública”, por 11 a 9 votos.
 
b).- Que la “mayoría privada”, que de ordinario suele comparecer al completo a las convocatorias (lo que no ocurre con algunos de los miembros de la “minoría pública”), imponga el tempo de las cuestiones a tratar y las decisiones a tomar. 
 
c).- Que “la mayoría privada” establezca esas normas de funcionamiento pendientes de aprobación y entre las que personalmente sugeriría incluir la posibilidad de que a las reuniones de la Comisión Balear del Juego acudan los asesores de cada uno de los sectores empresariales, asociativos y sindicales, asistencia que a día de hoy depende de la discrecionalidad del Presidente de la Comisión, quien puede cursar invitaciones a personas ajenas a la misma, si lo considera oportuno. De incluirse la asistencia entre las normas de funcionamiento, la Comisión queda vinculada para siempre. 
 
d).- Que la “mayoría privada” bloquee (aunque sin carácter vinculante, pero sí altamente indicativo), la creación de normas que puedan influir en sus actuales modelos de negocio, como sería, por ejemplo, todo el poliédrico  tema del Juego “On- line”.
 
La vocación de este artículo no es la de “dar ideas”, ni la de agradar o desagradar a nadie, ya que únicamente responde a mi particular lectura jurídica de las normas vigentes aplicables a los denominados “Órganos Colegiados”. Es importante finalizar diciendo que no es legalmente posible la “recuperación de la mayoría del sector público” en la Comisión, sin que los actuales miembros de la Comisión (11 a 9) así decidan acordarlo. No quiero finalizar sin un mensaje, tal vez balsámico para la “minoría pública”: la potestad reglamentaria sigue correspondiendo en exclusiva a la Administración de la CAIB que puede desarrollarla sin quedar vinculada por lo que previamente haya decidido la Comisión Balear del Juego, según el reparto de votos indicado. De así hacerlo y llegado el caso, las funciones de dicha Comisión quedarían como meramente programáticas. 
 

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