20 años sin unificarse los criterios básicos de las máquinas entre CC.AA
Todo un disparate que debería avergonzar a los representantes del juego.
En diciembre de 1997, veinte años atrás, la Comisión Sectorial del Juego dependiente del ministerio del Interior y en el que estaban representadas las CCAA, celebró dos reuniones en Madrid a las que fueron invitados los principales fabricantes de máquinas: FRANCO y CIRSA. El motivo era tratar de llegar a puntos de entendimiento sobre los requisitos técnicos exigibles a las máquinas B al objeto de evitar en lo posible una dispersión normativa que pusiera barreras difíciles de soslayar de cara a la comercialización de estos productos.

La Comunidad Valenciana, cuyo regulador era entonces Jorge de Scals, planteó la necesidad que resultaba del todo imprescindible de armonizar los criterios básicos que debían de imperar en las máquinas de tipo B, así como derribar barreras entre territorios para su libre circulación. Castilla La Mancha, Aragón, Murcia, Baleares y C. Valenciana se adhirieron a la propuesta. Y en otro plano Andalucía, Canarias, Castilla y León, La Rioja y Extremadura se pronunciaron indicando ser partidarios de la medida y que la estudiarían. Cataluña y Madrid se mantuvieron al margen y no adoptaron ninguna posición.

Veinte años después lo que trasciende del tiempo transcurrido es que los avances en ése sentido han sido mínimos y que los desequilibrios normativos en la fisonomía técnica de las máquinas según territorios persiste por espacio de dos décadas. Todo un disparate que debería avergonzar a los representantes del juego.


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